El Ejecutivo y la Cámara preparan dos legislaciones separadas para repartir la operación de las carreteras estatales

Si se concretan las dos medidas que trabajan independientemente ambas ramas, la Autoridad de Carreteras se quedará con una pequeña fracción de sus responsabilidades

El gobierno de Pedro Pierluisi considera una legislación para dividir la operación y el mantenimiento de las carreteras de Puerto Rico, de modo que solo las autopistas con peajes queden bajo la quebrada Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) como gravamen para la deuda.

Simultáneamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, ha coordinado con los alcaldes para presentar legislación que permita transferir las carreteras estatales a los municipios, en conjunto a los fondos para su mantenimiento.

Ambas medidas forman parte de esfuerzos separados, que, si se concretan, significarán que la ACT -que hasta enero, tenía 835 empleados- se quedará con una pequeña fracción de sus responsabilidades.

En primer lugar, el plan discutido entre los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el director de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, implica traspasar la responsabilidad de mantener las carreteras estatales sin peajes al gobierno central.

“Los activos con peajes van a estar sujetos al acuerdo y a la estructura (de reorganización de deuda). Aquellos activos que no tienen peaje o que son activos como el Tren Urbano, que dependen del subsidio del gobierno central, pues vamos a dejarlos al gobierno central”, explicó Marrero en entrevista con este diario. Agregó que separar los activos jurídicamente estará sujeto a legislación.

El portavoz de la JSF, Edward Zayas, confirmó, de forma separada, que el ente recomienda traspasar la responsabilidad legal de los activos sin peaje de la ACT al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). De hecho, así lo ha recomendado desde enero en misiva al gobernador y los presidentes legislativos.

En caso de que no prospere la legislación bajo el gobierno compartido, entonces intentarán que en los estados financieros “quede claro cuáles son los ingresos pignorados para atender la acreencia”, dijo Marrero.

Transferencia a municipios

Mientras se dan esas conversaciones, Hernández, confirmó a El Nuevo Día que presentará esta semana un proyecto de ley para traspasar la titularidad de todas las carreteras sin peaje a los municipios, como parte de un plan para aumentar los recursos fiscales de los ayuntamientos.

“Es el traspaso de titularidad, con el dinero recurrente (para mantener las carreteras) y la fuente de dónde provienen los fondos. Se le va a presentar (este plan) a la Junta”, confirmó el líder cameral sobre la medida que trabajó junto a los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Ángel Pérez, respectivamente, así como el presidente de la comisión cameral de Asuntos Municipales, Juan José Santiago.

Según Hernández, la medida ahorrará dinero al gobierno central, pues estiman que los municipios podrán mantener las carreteras con menos dinero, al tiempo en que propone modificar el plan fiscal para disminuir las deducciones que tiene planificada hacer la JSF a los municipios.

“La meta es llegar a los $200 millones, porque no es carreteras nada más. Estamos hablando de transferir todos los activos de Recreación y Deportes, y Educación”, comentó el presidente cameral.

Traspasar estas propiedades a los municipios tendrá repercusiones sobre los empleos de la ACT, el Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes y la Autoridad de Edificios Públicos, que al cierre de edición Hernández no especificó cómo atenderá.

Los sindicalistas del Programa Solidaridad (Prosol) de la UTIER, que tienen trabajadores de la ACT, se oponen a ambas medidas. “Sería el cierre total de la ACT porque así no podemos subsistir. Le va a pasar lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica: desaparece. Esta es la intención de la junta de control fiscal”, denunció Ángel Pinto, de Prosol UTIER.

La transferencia de titularidad necesitará el aval del gobierno federal, agregó Pinto.

Fuente: El Nuevo Día